El Grupo Parlamentario Popular llevará al primer Pleno de la Cámara Alta en este periodo de sesiones, la primera ‘Ley Feijóo’ que será la Ley antiokupación. “Se trata de una Proposición de Ley con aspectos penales, civiles y administrativos, para luchar contra la ocupación no tolerada por su dueño, que se apoya en interpretaciones de la legislación efectuadas con mala fe y que popularmente se designa como okupación”.
“La okupación ilegal es un grave problema al que hay que plantar cara con un marco jurídico preciso, partiendo de la tolerancia cero hacia este fenómeno y la protección tanto de la propiedad privada, como de las personas en situación vulnerable”, afirma la portavoz del GPP, Alicia García; quien resalta que esta Proposición de Ley del PP nace de la preocupación de buena parte de la sociedad española ante el incremento de este fenómeno en un 37% desde 2018, según los datos del Ministerio del Interior.
La Proposición de Ley recalca que la ocupación ilegal de viviendas, no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes.
“Es necesario reforzar el ordenamiento jurídico para que los okupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio”, explica Alicia García.
El texto del PP plantea medidas concretas encaminadas a generar un marco jurídico preciso que solvente las carencias del actual, con el Gobierno del PSOE. “Un marco que se ha demostrado poco eficaz en la protección adecuada del derecho de propiedad, en el que sus costes y plazos suponen unos tiempos de respuesta que no se alinean con el fin de protección que debería perseguir la ley”, señala la proposición de Ley.
“La tolerancia con la ocupación no ayuda al más débil, sino que castiga a los barrios más humildes”, señala García y añade que “desde el Partido Popular defendemos una postura de tolerancia cero con la okupación, además y se hace necesario contemplar una convivencia vecinal pacífica y respetuosa”.
Al respecto, señala que “las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y la protección a las familias en situación de emergencia social nada tienen que ver con la okupación ilegal que aquí regulamos. A un okupa no se le desahucia, se le desaloja; y al vulnerable, se le protege, sin que el Estado pueda trasladar a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos casos”, apostilla.
DESALOJO EN 24 HORAS E IMPERDIR EL EMPADRONAMIENTO
La proposición de Ley antiokupación del PP obliga al desalojo de la vivienda en 24 horas, voluntariamente desde que es requerido por la autoridad. Si no se hace voluntariamente, transcurridas 24 horas, se puede efectuar el desalojo de forma forzosa.
También se impide que los okupas se puedan empadronar en la vivienda okupada e incrementa las penas previstas en el artículo 245 del Código Penal por okupación. Del mismo modo, contempla una modificación del art 269 del Código Penal, añadiendo la usurpación por la provocación, la conspiración y la proposición para cometer estos delitos.
